¿Qué opinas? - El paramilitarismo y economía en Colombia
- hace 8 años
El paramilitarismo en Colombia, si bien al inicio tuvo un matiz antisubversivo, fue y es un fenómeno ligado a intereses económicos y de poder, que permeó la institucionalidad.
La impunidad ha sido una marca distintiva. La Ley de Justicia y Paz fue un diálogo del estado consigo mismo, toda vez que el paramilitarismo no fue otra cosa que una estrategia de defensa, seguridad, control social y político, diseñada desde los más altos estamentos del Estado.
Fue una estructura jurídica destinada, de una parte, a legalizar la impunidad de crímenes internacionales cometidos en Colombia, y, por otra, para otorgar beneficios de toda índole a los responsables de los mismos. Las investigaciones, procesos y condenas de la justicia apenas si han tocado a los autores materiales de asesinatos, masacres, desplazamientos y demás crímenes masivos y sistemáticos contra la sociedad.
Sobre todo, contra las comunidades rurales, que se interponían en los planes de las élites políticas y de poderosos grupos económicos. Aunque la llamada parapolítica fue un escándalo en los medios, en la práctica es otro ámbito de impunidad.
En las anteriores elecciones, 26 congresistas investigados fueron reelectos. Muchos de los condenados por ‘parapolítica’ se mantienen vivos políticamente y continúan compitiendo en las elecciones. Pero es en los vínculos entre poder económico y paramilitarismo donde el silencio es absoluto y se oculta que el paramilitarismo también surgió como un mecanismo de defensa de grupos económicos.
La tendencia es la omisión y negativa de los operadores jurídicos para investigar a fondo el fenómeno. Ante la eventualidad de que salgan a la luz ciertas verdades, estos poderosos empresarios del crimen, que fueron victimarios y pescaron fortunas en el río revuelto del conflicto, ponen en marcha la maquinaria mediática y de presión para venderse como víctimas de la guerra, víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La impunidad ha sido una marca distintiva. La Ley de Justicia y Paz fue un diálogo del estado consigo mismo, toda vez que el paramilitarismo no fue otra cosa que una estrategia de defensa, seguridad, control social y político, diseñada desde los más altos estamentos del Estado.
Fue una estructura jurídica destinada, de una parte, a legalizar la impunidad de crímenes internacionales cometidos en Colombia, y, por otra, para otorgar beneficios de toda índole a los responsables de los mismos. Las investigaciones, procesos y condenas de la justicia apenas si han tocado a los autores materiales de asesinatos, masacres, desplazamientos y demás crímenes masivos y sistemáticos contra la sociedad.
Sobre todo, contra las comunidades rurales, que se interponían en los planes de las élites políticas y de poderosos grupos económicos. Aunque la llamada parapolítica fue un escándalo en los medios, en la práctica es otro ámbito de impunidad.
En las anteriores elecciones, 26 congresistas investigados fueron reelectos. Muchos de los condenados por ‘parapolítica’ se mantienen vivos políticamente y continúan compitiendo en las elecciones. Pero es en los vínculos entre poder económico y paramilitarismo donde el silencio es absoluto y se oculta que el paramilitarismo también surgió como un mecanismo de defensa de grupos económicos.
La tendencia es la omisión y negativa de los operadores jurídicos para investigar a fondo el fenómeno. Ante la eventualidad de que salgan a la luz ciertas verdades, estos poderosos empresarios del crimen, que fueron victimarios y pescaron fortunas en el río revuelto del conflicto, ponen en marcha la maquinaria mediática y de presión para venderse como víctimas de la guerra, víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).