El tiempo se agota y la incertidumbre pesa como una losa sobre las cerca de 200 familias que residen en el conocido hotel okupado de la calle Lola Flores, en el distrito de San Blas-Canillejas. A menos de un mes del 30 de junio, fecha límite fijada de manera verbal para un desalojo pactado, no existe ningún documento firmado que garantice las condiciones del acuerdo.
Durante los últimos meses, los residentes —en su mayoría familias vulnerables con menores a cargo— han mantenido negociaciones informales con los tres nuevos propietarios del complejo: Unicaja, un fondo irlandés y la firma Copérnico.
