¿Tiene un minuto? Vea cómo Vicente Vallés caza a Félix Bolaños en otra gran mentira
- hace 3 meses
Suele decirse, y con razón, que antes se caza a un mentiroso que a un cojo.
Y a Félix Bolaños le han cazado soltando una trola de campeonato o, por lo menos, incurriendo en una contradicción más que grosera.
Al hilo de los decretos leyes sacados por los pelos en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados el 10 de enero de 2024, el Ejecutivo sanchista tuvo que ceder con una de las exigencias de Carles Puigdemont para que Juntos por Cataluña diera el placet a esos textos.
La aprobación del decreto ómnibus, que permite la concesión a España del cuarto desembolso de los fondos europeos, tenía un aspecto que nada gustaba a los independentistas, una cuestión de orden judicial, la reforma con la que se pretendía modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil y sus efectos que, según los de Puigdemont, podían afectar a la aplicación de la amnistía a los condenados por el procés.
En esa norma se añadía un nuevo artículo, el 43 bis, referente a la cuestión prejudicial europea: en esa disposición, se recogía que, cuando se eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se suspendería cualquier actuación hasta que conste en autos la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Finalmente, ese artículo 43 bis no será incorporado a la Ley de Enjuiciamiento Civil después del acuerdo alcanzado entre PSOE y Juntos por Cataluña.
El problema, tal y como detalló Vicente Vallés, es que el propio ministro, en cuestión de poco más de diez días, ha sostenido una cosa y la contraria.
En su informativo del 11 de enero de 2024 en Antena 3, el presentador soltó con mucha ironía que lo que era una cuestión imprescindible porque se había exigido desde Bruselas, ahora ya no lo era tanto porque se había pedido desde Waterloo:
Uno de los asuntos en los que ya ha cedido Moncloa es el de la derogación del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ese asunto tan técnico tiene su interés porque, según Puigdemont, podría suponer que no se pudiera aplicar la Ley de Amnistía si los jueces españoles llevaran sus asuntos ante la Justicia Europea, retrasando así los procedimientos. El Gobierno aseguraba que ese artículo era imprescindible, inevitable, porque lo exigían desde Bruselas, pero ahora lo eliminan porque lo exigen desde Waterloo.
Y a Félix Bolaños le han cazado soltando una trola de campeonato o, por lo menos, incurriendo en una contradicción más que grosera.
Al hilo de los decretos leyes sacados por los pelos en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados el 10 de enero de 2024, el Ejecutivo sanchista tuvo que ceder con una de las exigencias de Carles Puigdemont para que Juntos por Cataluña diera el placet a esos textos.
La aprobación del decreto ómnibus, que permite la concesión a España del cuarto desembolso de los fondos europeos, tenía un aspecto que nada gustaba a los independentistas, una cuestión de orden judicial, la reforma con la que se pretendía modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil y sus efectos que, según los de Puigdemont, podían afectar a la aplicación de la amnistía a los condenados por el procés.
En esa norma se añadía un nuevo artículo, el 43 bis, referente a la cuestión prejudicial europea: en esa disposición, se recogía que, cuando se eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se suspendería cualquier actuación hasta que conste en autos la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Finalmente, ese artículo 43 bis no será incorporado a la Ley de Enjuiciamiento Civil después del acuerdo alcanzado entre PSOE y Juntos por Cataluña.
El problema, tal y como detalló Vicente Vallés, es que el propio ministro, en cuestión de poco más de diez días, ha sostenido una cosa y la contraria.
En su informativo del 11 de enero de 2024 en Antena 3, el presentador soltó con mucha ironía que lo que era una cuestión imprescindible porque se había exigido desde Bruselas, ahora ya no lo era tanto porque se había pedido desde Waterloo:
Uno de los asuntos en los que ya ha cedido Moncloa es el de la derogación del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ese asunto tan técnico tiene su interés porque, según Puigdemont, podría suponer que no se pudiera aplicar la Ley de Amnistía si los jueces españoles llevaran sus asuntos ante la Justicia Europea, retrasando así los procedimientos. El Gobierno aseguraba que ese artículo era imprescindible, inevitable, porque lo exigían desde Bruselas, pero ahora lo eliminan porque lo exigen desde Waterloo.