José Antonio Griñán declaró en marzo de este año que si el Tribunal Supremo confirmaba su condena por el escándalo de los ERE y decretaba su ingreso en prisión, la vida se habría acabado para él. Hoy, tras la ratificación de la sentencia que emitió en su día el TSJA, Griñán ha certificado su defunción política.

El figura, este es otro 'figura' al igual que Sánchez, afirmaba firmemente en el curso de aquella entrevista que le hacía Carlos Alsina en Onda Cero, que no contemplaba tal posibilidad. Ahora el Gobierno busca afanosamente la forma de otorgarle un indulto porque creen, desde su portavoz hasta el resto, que lo que se hizo -el desvío fraudulento de 680 millones de euros de los parados andaluces- fue 'por el bien común'. Por el bien común, deben querer decir, de todos los golfos que en la Junta de Andalucía y en el PSOE de aquella comunidad se llenaron los bolsillos con aquel dinero. Unos se lo gastaron en cocaína y prostitutas y otros en otras cosas.

La jornada del martes, 26 de julio, trajo también la noticia de la apertura, por parte del TSJC, de juicio oral contra la presidenta del parlament, Laura Borras, por fraccionar contratos públicos para beneficiar a algún amigo. Una chulesca secesionista a la que ya han abandonado incluso sus propios conmilitones.