Dos miembros de la fuerza especial policial de Chile fueron declarados culpables de cometer actos de tortura contra un manifestante durante las protestas de 2019. Pese a estos avances, persiste la impunidad por las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional perpetrados en ese periodo, y varias autoridades políticas han puesto en duda las acciones de la fiscalía, especialmente en relación con la investigación sobre el antiguo alto mando de carabineros