No es casual. A cinco años de la revuelta popular de octubre de 2019, la justicia chilena cierra miles de causas por violaciones a los derechos humanos y el gobierno presidido por Gabriel Boric aprovecha el impulso para remodelar el que fue el centro de las demandas populares y de la violencia del estado: llamada plaza dignidad durante el estallido social en el año 2019 para poder así borrar la memoria histórica de estos hechos.teleSUR