Sánchez y su cuadrilla de maleantes no temen al PP, ni a Trump, ni a que España se vaya por el sumidero. Ni siquiera a hacer el ridículo a diario.
Lo que les quita el sueño son los jueces y los periodistas no adictos al régimen, los que llevamos un año destapando las pifias, trapacerías, corrupciones, vicios y mangancias de la mujer del amo del PSOE, de su hermano músico y de sus depravados compinches.
Sin la labor de la prensa no amarrada al pesebre de La Moncloa, la ciudadanía española ni se habría enterado del chalé peruano de Ábalos, de que el brazo derecho de Sánchez seleccionó a Jessica ’20 minutos’ en un catalogo de ‘chicas calientes’ o de los negocios de Begoña ‘catedrática’.
Por cierto, que ha sido coincidiendo con el estallido del ‘Escándalo Begoña’ y con la aparición del analfabeto Patxi López, anunciando que los socialistas maniobran con sus cómplices proetarras y separatistas para expulsar del Congreso a Bertrand Nedongo y al par de reporteros que no les bailan el agua, cuando el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la nueva ‘Ley Mordaza’.
Bautizada con el ampuloso y equívoco nombre de ‘Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación’, lo que han redactado es un bodrio que permitirá al marido de Begoña y a sus ministros, incluidos por supuesto los que se forraron con las mascarillas o han disfrutado del cariño pagado de ardientes señoritas en los pisos-confort que montaba Aldama, poner multas de hasta 600.000 euros y clausurar aquellos medios de comunicación que consideren ‘mentirosos’.
Con la coartada de que hay que incorporar al ordenamiento jurídico español reglamentos europeos, lo que es más falso que un euro de madera, quieren imponer la censura en España.
Hasta han recuperado el Registro Oficial de Periodistas, implantado por Franco al finalizar la Guerra del 36 y que estuvo vigente hasta que lo disolvió Fraga en 1966.
Aquel registro, que yo no llegué a conocer, se utilizó como herramienta de represión, para excluir del oficio a unos cuantos por motivos políticos o ideológicos.
El diseñado por el sanchismo permitirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, además de multar y cerrar medios, decidir quien es periodista y quién no lo es.
Y como a la CNMC la ha nombrado el Gobierno Frankenstein, será este en la práctica quien se encargue de controlar el filtro.
Las sanciones muy graves les impondrá Óscar López desde el Ministerio para la Transformación Digital y las graves y leves estarán a cargo de María González Veracruz, desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
Los mismos que ahora reparten como si fuera confeti dinero del contribuyente entre los periodistas, tertulianos y medios afines.
Entramos en una carrera contrarreloj, porque Sánchez y sus acólitos han dejado claro que van a tramitar su engendro con la máxima urgencia.
En teoría, se abre ahora una consulta pública, que durará como máximo un
