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Editorial de Llamas. García Ortiz es la evidencia de la degradación de España
esRadio
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19/10/2024
Manuel Llamas retrata la degradación del Estado de Derecho español personificado en la figura de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado
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Despierta España, que no te engañen. García Ortiz evidencia la degradación de España
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Lo que mal empieza, mal acaba. Pedro Sánchez tiene en su haber varios récords, y todos
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negativos. Uno de los más sonados, uno de muchos, es el control y manejo de la Fiscalía
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General del Estado a su antojo. Una cosa es que el gobierno pueda, con la ley en la mano,
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nombrar al jefe de los fiscales, habiendo consultado antes al Consejo General del Poder
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Judicial. Y otra muy diferente, que su designación responda, única y exclusivamente, a intereses
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políticos y partidistas, que es justo lo que hace el PSOE. Prueba de ello es que, en
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2020, Sánchez, ni corto ni perezoso, colocó como fiscal general del estado a Dolores Delgado,
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su ministra de Justicia, para favorecer a sus socios golpistas. Y, aunque su nombramiento
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causó estupor, sorpresa y perplejidad entre los fiscales, cuando Delgado abandonó el
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cargo, a mediados del año 2022, colocó a su segundo, el fiel y obediente Álvaro García
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Ortiz. Desde entonces, la carrera de Ortiz al frente de la Fiscalía ha sido un cúmulo
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de despropósitos, a cada cual mayor. Para empezar, porque su renovación, en 2023,
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no contó con el aval del Consejo General del Poder Judicial, al considerar que no era
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idóneo para el cargo. Aunque su opinión no es vingulante, resulta significativa, ya
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que es la primera vez en democracia que el Poder Judicial se posiciona en contra del
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candidato de Moncloa. Pero, claro, ¿qué más dará a lo que opine el máximo órgano
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del Poder Judicial? Al fin y al cabo, estamos hablando de Sánchez y su ejército de lamebotas.
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Aquí lo único que importa es lo que diga y mande el presidente, su Sanchidad, líder
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supremo de todos los españoles y, muy especialmente, del zurderío patrio. Si Sánchez dice que
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pa'lante, pues pa'lante, como los de Alicante. Y así fue. Ortiz renovó como fiscal general
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y, en agradecimiento, lo primero que hizo fue intentar colocar a su querida Dolores
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Delgado como fiscal de sala de lo militar, ascenso que, finalmente, fue anulado por el
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Tribunal Supremo por no reunir las condiciones oportunas. ¿Qué hizo entonces Ortiz? Pues
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recolocarla como fiscal de memoria democrática. Asimismo, aunque Ortiz tiene un amplio margen
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para hacer nombramientos dentro de la Fiscalía, destaca que, bajo su anterior mandato, cojeara
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casi siempre del mismo pie, que no es otro que el izquierdo. Así, de los 33 nombramientos
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efectuados entre mediados del año 2022 y mediados del 2023, la inmensa mayoría, cerca
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del 70%, correspondieron a socios de la Unión Progresista de Fiscales. ¿O casualidad? El
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70% de los nombramientos a dedo, a pesar de que esta asociación tan solo representa
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al 7% de los fiscales de carrera. Y todo ello sin contar que su supuesta neutralidad e independencia
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brillan por su ausencia, a la vista del férreo apoyo que siempre ha prestado a la posición
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e intereses del Gobierno en materias tan importantes como la ley de amnistía o la ley del CSE,
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en contra incluso de la opinión mayoritaria de las Fiscalías. Sin embargo, el colofón,
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la guinda del pastel a tan brillante carrera, ha sido su imputación por la presunta comisión
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de un delito de revelación de secretos, tras el papelón desempeñado en el caso de la
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pareja de Isabel Díaz Ayuso. Veamos.
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Díaz exhibe una nueva medalla en su solapa de ataques y desprecios al Estado de Derecho.
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Por primera vez en la historia, España cuenta con un fiscal general del Estado que está
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siendo investigado judicialmente por la comisión de un delito. Ahí es nada. El Tribunal Supremo
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ha acordado por unanimidad abrir una causa penal contra García Ortiz por un presunto
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delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos confidenciales relativos
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a un particular, Álvaro González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad Madrid.
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La Fiscalía publicó una nota dando cuenta del cruce de correos electrónicos entre el
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abogado de González Amador y el fiscal que lleva su caso por un supuesto fraude tributario.
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Y la divulgación de dichos datos, que, insisto, son secretos y confidenciales, responde a
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una orden expresa de García Ortiz, según reconoció él mismo tras asumir la responsabilidad
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de dicho comunicado. Hay que sacarla ya, dijo a sus subordinados. En concreto, Ortiz
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ordenó a la Fiscal Superior de Madrid distribuir una nota con todos los detalles del pacto
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de conformidad que el empresario González Amador estaba negociando con la Fiscalía
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de Delitos Económicos. Y ojo, que la causa no se centra tan solo en la nota publicada,
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sino en la supuesta filtración a la prensa de correos privados entre el fiscal y la defensa.
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Según el Supremo, pocas horas antes de publicarse la famosa nota, los correos entre el fiscal
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del caso y el letrado del particular fueron revelados, estando los mismos en poder del
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Fiscal General del Estado y de la Fiscal Jefa Provincial.
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Pues bien, esto es lo que se investiga. Revelación de secretos. ¿Y es grave? Pues sí, tan grave
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como que afecta de forma directa a un principio básico del derecho, que es la legítima
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defensa. Al igual que las comunicaciones entre abogado y cliente son sagradas y su privacidad
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está protegida por ley, las comunicaciones entre fiscalía y defensa son igualmente confidenciales.
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Sencillamente no se pueden revelar. Y el caso es que aquí alguien las difundió. Y ahora
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el Supremo encuentra indicios suficientes que apuntan al Fiscal General.
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Pero, ¿por qué? ¿Por qué querría Ortiz difundir estos datos? Pues, para ganar el
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relato. ¡Ay, el relato! De todos es sabido que el Gobierno de Sánchez mantiene desde
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hace tiempo una guerra abierta contra Ayuso en varios frentes y uno de ellos es el presunto
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delito fiscal que afronta su pareja, pero que nada tiene que ver con la responsabilidad
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que desempeña la presidenta madrileña.
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Que el PSOE use cualquier excusa para atacar a Ayuso, incluyendo un asunto privado ajeno
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a la política, no es nuevo. Pero que se implique a toda una institución del Estado, como
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es el caso de la Fiscalía General, son palabras mayores y da buena cuenta del profundo declive
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institucional que sufre el país.
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La investigación abierta contra García Ortiz es inédita y es muy grave. Tanto es así
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que se enfrenta a cuatro años de cárcel y cinco años de inhabilitación por revelación
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de secretos. Pero lo dantesco, lo increíble de este caso, ya no es la investigación en
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sí, sino su negativa a dimitir. La mayoría de fiscales y el propio Consejo Fiscal han
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exigido la dimisión de Ortiz para salvaguardar la imagen y el buen funcionamiento del Ministerio
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Público. Su posición al frente de la Fiscalía es insostenible porque su función no es otra
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que promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad. Y Ortiz no puede
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defender la legalidad si está siendo investigado por incumplirla.
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Pero es que, además, su caso es especial, pues resulta impensable que, siendo Fiscal
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General del Estado, se mantenga como jefe de los fiscales encargados de ejercer la acusación
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en su propia causa. O que, en caso de ser condenado, siga dirigiendo a la Fiscalía
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desde prisión. Todo esto sería inconcebible en cualquier país mínimamente serio, pero,
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por desgracia, hace tiempo que España perdió tal condición. Hoy, bajo el gobierno de Sánchez,
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todo es posible. Todo lo peor. Como, por ejemplo, mantener a Ortiz en el cargo bajo
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argumentos surrealistas.
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Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno, ¿debe dimitir o no debe dimitir el Fiscal General
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del Estado?
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Creo que ha sido bastante claro. Por supuesto que no tiene que dimitir porque cuenta con
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todo el apoyo del gobierno de España. Pero fíjese, porque creo que es muy importante
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que los oyentes sean conscientes de cuál es, primero, la causa, el origen de todo esto.
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El origen es que el Fiscal General del Estado, para defender, en este caso, a la Fiscalía
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de Madrid, lo que hace es publicar una nota aclarando un bulo que sale de la mano derecha
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de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Miguel Ángel Rodríguez,
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para tratar de desinformar sobre un caso que afecta directamente a la presidenta de la
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Comunidad de Madrid. Y se la va a imputar por eso al Fiscal General del Estado.
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Es decir, que Ortiz, según Pedro Sánchez, ha hecho bien en difundir datos privados porque
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intentaba desmontar un bulo. Lo mismo dice Félix Bolaños, ministro de Justicia.
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¿Qué hizo la Fiscalía? Cumplir con su deber, es decir, perseguir el delito y proteger la
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verdad. ¿Qué hizo el delincuente confeso? Pues lo contrario, perseguir la verdad y proteger
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el delito. ¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir
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un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político?
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Dice Bolaños que decir la verdad no es delito. Bueno, en primer lugar, está por ver quién dice
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la verdad y quién no en este caso, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos ante el gobierno,
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más mentiroso y mezquino de la democracia. Pero, ¿aun en el caso de que Ortiz dijera la verdad?
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Sí, señor Bolaños, difundir ciertos datos, por mucho que sean auténticos, es delito.
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Hacienda no puede publicar datos fiscales de los contribuyentes, por mucho que sean auténticos.
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Los médicos no pueden publicar el historial médico de sus pacientes, por mucho que sean
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auténticos. Y los fiscales, señor Bolaños, no pueden publicar correos ni sus comunicaciones
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privadas con los abogados, por mucho que sean auténticos. Lo que se derime aquí no es la
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autenticidad o no de dichas comunicaciones, ni la solidez mayor o menor de un relato político,
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ya sea del gobierno de Sánchez o del de Ayuso. Lo que se derime, en el caso Ortiz,
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es la revelación de secretos, la difusión de datos privados y confidenciales en manos
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de funcionarios públicos. Y eso, si se demuestra, sí es constitutivo de delito. Aquí y en todas
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las democracias del mundo. Pero, cuidado, que no solo el gobierno se descuelga con una
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retaíla de sandeces y barbaridades para respaldar a su fiscal general. Aquí es Ortiz quien
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se lleva la palma. Primero, negando su imputación.
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¿Ha imputado o hay una investigación?
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No estoy ni investigado ni estoy imputado. Lo que dice el auto, lo que viene a decir
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el auto, es que el Tribunal Supremo es el único competente para realizar una investigación
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de unos correos que podría haber filtrado el fiscal general del Estado. Es el único
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competente para investigar si el fiscal general del Estado ha filtrado o no esos correos.
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Y luego, soltando una amenaza velada a los partidos de la oposición.
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Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información,
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le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político tengo
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información de sobra que, por supuesto, no voy a usar jamás para insinuar, para filtrar,
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para decir, para... de cualquier manera. La responsabilidad del fiscal general del Estado
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es mantenerse neutral e imparcial. Esa es la responsabilidad. Por eso no puede salir
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a los ataques políticos.
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Dice Ortiz que tiene información sensible pero no la usará contra la oposición y que
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además no responde a los ataques políticos. Pues vaya, como para fiarse de García Ortiz,
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investigado por revelación de secretos para apoyar el relato del gobierno contra Ayuso.
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El chiste, amigos, se cuenta solo.
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Aquí no dimite nadie. Sánchez, que llegó a la presidencia bajo la promesa de combatir
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la corrupción y regenerar la democracia, se ha convertido en el adalid de la corrupción
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y la mayor amenaza para la democracia. Hasta 30 familiares y cargos del presidente están
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implicados en diferentes casos de corrupción, incluyendo a su propia mujer y a su hermano.
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Y ahora también el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos.
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Pero no, bajo el gobierno del PSOE y los comunistas de sumar, no dimite nadie. ¿Por qué? Porque
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todo es fruto de una gran conspiración de jueces y periodistas para acabar con Sánchez.
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Así se las gastan en Moncloa. España, amigos, va cuesta abajo y sin frenos.
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La imputación de García Ortiz y su mantenimiento como fiscal general es una vergüenza, un
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bochorno, una indignidad, un atropello, un insulto, una inmoralidad, un escándalo. Pero
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sobre todo una evidencia, una más, de la preocupante degradación que padece España.
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