Me cuesta encontrar el vocablo exacto, porque no se si lo de Sánchez es berrinche, rabieta o sofoco, pero seguro que tiene un cabreo de órdago y ya se puede ir acostumbrando, porque se repetirá muchas veces en los próximos meses.
La situación me recuerda un poco, salvando el tiempo, la distancia y los parámetros, a la que se vivía en La Moncloa de Felipe González hace tres décadas, cuando Baltasar Garzón -iracundo porque no le habían hecho ministro los mismos que lo pusieron de primero en sus listas electorales- sacó de un cajón el sumario del GAL decidido a meter en la cárcel al jefe del PSOE y a toda la cúpula del Ministerio del Interior.
No fue hasta mucho después que el Tribunal Supremo condenó a Garzón once años de inhabilitación para el cargo de juez, como autor de un delito de prevaricación, pero entonces y por muchos gabinetes de crisis que montó González en Moncloa, nada ni nadie fue capaz de frenar al magistrado y cada lunes nos desayunábamos con una revelación, un auto o una imputación que ponía de los nervios al Presidente del Gobierno.
Lo de García-Castellón es muy diferente a lo del prevaricador Garzón, quien por cierto apoya ahora todas las tropelías del PSOE.
Para empezar, no actúa empujado por una enfermiza ambición personal o por un urticante desengaño político.
No busca otra cosa García-Castellón que Justicia y opera enarbolando las Tablas de la Ley, como si fueran una maza, para darles en la cabeza a Puigdemont y sus golpistas.
Lo último, justo cuando el Gobierno Frankenstein ponía en marcha en el Congreso de los Diputados la aprobación de la indigna Ley de Amnistía, según la cual mayoría de los españoles penaremos por nuestros delitos y unos pocos, los más xenófobos, racistas e insolidarios, serán inmunes porque ayudan a Sánchez a seguir durmiendo en La Moncloa, el juez García-Castellón prorroga medio año la investigación por terrorismo en que están inmersos los violentos de Tsunami Democratic.
Y poniendo a Sánchez y cuadrilla los pelos como escarpias aparece en escena el juez Aguirre –instructor del caso Voloh en el que se investigan desvíos de fondos públicos que habrían servido para financiar los gastos de Puigdemont en Waterloo y pagar viajes de separatistas catalanes a Moscú– y subraya en un auto las injerencias de Rusia en el proceso independentista de Cataluña.
Presuntos terroristas y presuntos traidores, esa es la canalla a la que Sánchez y el PSOE rinden pleitesía y ante la que claudican a diario.
No se cómo acabará este esperpento, pero me da que las ilegalidades y chapuzas del Gobierno socialcomunista, para pavimentar la vuelta triunfal del fugado Puigdemont, a Barcelona se complican.
A la hora de la verdad, no será la obesa Unión Europea quien acuda al rescate de la democracia española, sino unos jueces a los que Sánchez y sus mariachis creían que iban a poder acojonar.