Decía mi padre, que no hay que meterse nunca con los médicos o con los jueces, porque en la vida siempre existe el riesgo de terminar cayendo en sus manos.

En las de los médicos y a pesar de que uno ha corrido mucho y tiene bastantes años, no ha caído todavía.
No puedo decir lo mismo de los jueces y mi experiencia ha sido ha tan reveladora como decepcionante.

Seguro que han oído cientos de veces, en boca de políticos, empresarios, periodistas y hasta faranduleros eso de ‘yo confío en la Justicia’.
Pues yo, consciente del pantanoso terreno en que me meto, debo confesarles que no confío en la Justicia o, al menos, no lo hago con la placidez de antaño.

En 2017 y tras recorrer todas las instancias, el Tribunal Supremo me condenó a pagar 4.000 euros de indemnización a Podemos, por haber llamado a la cara ‘gilipollas’ a Pablo Iglesias, durante un debate en LaSexta.

Hace unos días, esos mismos jueces ni siquiera admitieron a tramite la demanda contra la ministra Ione Belarra, por acusar de ‘prevaricadores’ a los magistrados que condenaron al exdiputado podemita Alberto Rodríguez, alias ‘El Rastas, por propinar una patada a un Policía.
Para mas inri, conviene subrayar que a quienes Belarra imputaba la ‘prevaricación’ son los mismos jueces que decidieron que no procedía procesar a la ministra podemita, porque sus palabras, aunque según señalan en el auto fueron “injustificadas y ofensivas”, están amparadas en la libertad de expresión.

Dices una obviedad, como que Iglesias es un gilipollas y te colocan. Y los mismos que sentencian son tildados de prevaricadores y concluyen que no pasa nada.

Podría poner muchos ejemplos y me viene a la memoria, comparándolos con la benevolencia y benignidad con que los tribunales tratan a golpistas catalanes y terroristas vascos, la brutalidad con la que se dictan penas contra la mujer de Bárcenas, el Pequeño Nicolás, Urdangarín o ese paisano de 77 años, que le pegó un tiro al delincuente rumano, que atracaba de noche su casa, y lleva 7 meses en prisión.
Me he ido un poco por los cerros de Úbeda, porque de lo que pretendía hablarles hoy es de la sorpresa e indignación que me causa el que las sentencias judiciales no se cumplen nunca en Cataluña, cuando son desfavorables para independentistas, golpistas y toda esa patulea.

El Gobierno autonómico catalán tiene la obligación, declarada por sentencia firme, de asegurar que el castellano es lengua de enseñanza del 25 por ciento de las asignaturas.

Todo lo que no suponga el cumplimiento de esta orden emitida por el Tribunal Superior de Justicia, es un delito de desobediencia y debería acarrear automáticamente multas, penas de cárcel y lo que cuelgue.

Pues nada de nada.