El Gobierno de coalición llevará al Tribunal Constitucional la ley con la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pretende evitar que se recuerde y honre con una simple placa la memoria de los miles de torturados y represaliados por el franquismo en la Real Casa de Correos, actual sede del Ejecutivo madrileño y antaño hogar de la Dirección General de Seguridad (DGS). Así lo ha acordado el Consejo de Ministros y lo ha trasladado la ministra portavoz, Pilar Alegría, que ha confirmado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.
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