Durante un debate sobre la vivienda en Barcelona, Elena Massot, vicepresidenta de la Asociación de Promotores de Cataluña, ha desatado la polémica con unas declaraciones sorprendentes: "Muchas veces se podrían hacer dos accesos para que todo el mundo pueda convivir incluso en condiciones económicas razonables". A pesar de la reacción de incredulidad, Massot ha insistido en la idea de establecer dos porterías separadas, una para las rentas más altas y otra para viviendas sociales. La promotora ha argumentado que algunos compradores rechazan adquirir una vivienda si está cerca de pisos protegidos, lo que les lleva a abandonar la compra. Su planteamiento recuerda a modelos de urbanización con accesos diferenciados, como el de un complejo residencial de lujo en Sarriá, uno de los barrios más exclusivos de Barcelona. Sin embargo, en 2018, el gobierno municipal de Ada Colau aprobó la normativa que obliga a destinar un 30% de nuevas promociones a vivienda social, con el objetivo de evitar la segregación en barrios periféricos y frenar la exclusión residencial. Esta medida, precisamente, busca acabar con la desigualdad urbanística y cerrar la puerta a prácticas consideradas clasistas en el pasado.
