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López responde a críticas contra Gobierno por Venezuela: "Menos manifestaciones y más hechos"
Diario As
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10/1/2025
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Bueno, acabamos de registrar al Grupo Socialista una proposición de ley que, bajo el título
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de Proposición de Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales
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Frente al Acoso Derivado de Acciones Judiciales Abusivas, tiene como objetivo precisamente
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ese que aparece en el título, es decir, proteger los derechos y garantizar las libertades ciudadanas.
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Y para ello lo que pretendemos es impedir el acoso que se sufre cuando hay quien utiliza
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las acciones judiciales de forma abusiva con el único fin de atacar a quienes no comulgan
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con sus planteamientos. Y lo vamos a hacer actuando en cuatro frentes. Reformando la
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acusación popular, haciendo que se inadmitan las querellas basadas exclusivamente en recortes
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de prensa, suprimiendo el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos y permitiendo
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la abstención o la recusación de jueces por sus declaraciones de contenido político.
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¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué presentamos esta ley? Pues yo creo que todos somos conscientes
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de que, no solo en España, sino también en muchos otros países, estamos asistiendo
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a la persecución y difamación sistemática de artistas, de creadores, de científicos,
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de periodistas y de adversarios políticos por parte de sectores extremistas, sectores
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de ultraderecha que, pervirtiendo las herramientas del Estado de derecho, utilizan las acciones
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judiciales como vehículo de sus objetivos. Esta es una estrategia que cada vez va a más.
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La última víctima de esta persecución ha sido la presentadora de televisión Alachús,
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pero en los últimos meses la lista de personas perseguidas y acosadas no ha hecho más que
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aumentar. Y, en el fondo, lo que hacen estos ultras con esta estrategia es vulnerar nuestros
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derechos fundamentales. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la creación,
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el derecho al honor, el derecho a la intimidad o el derecho a la tutela judicial efectiva.
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Y ante la gravedad de estos hechos, porque estamos hablando de que se quieren vulnerar
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derechos fundamentales, hemos decidido actuar con una ley que busca impedir los mecanismos
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de este acoso. Y, como les decía, actuamos sobre cuatro de estos mecanismos de acoso
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que son claros y que son evidentes. El primero es la reforma de la acusación
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popular. Queremos que la participación de la acusación popular quede circunscrita a
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la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella. Nada más. Porque
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para nosotros la instrucción es una fase que debe estar protagonizada e impulsada por
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el Ministerio Fiscal y por los perjudicados directos por el delito. Como digo, nadie más.
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Lo que buscamos con esta medida es acabar con las filtraciones interesadas y constantes
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de las diligencias por parte de esas acusaciones que tienen objetivos políticos. Y acabamos
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también con los intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas del objeto de la
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investigación con el único fin de dar un perfil mediático a un proceso judicial.
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No obstante, la acusación popular sí podrá recurrir el auto de sobreseguimiento si no
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está conforme con la decisión. Además, se exigirá que para personarse como acusación
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popular exista un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado
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en el proceso penal correspondiente. Y el juez deberá comprobar si ese vínculo existe
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y denegará la personación si no es así. Y, por último, se prohibirá ejercer la acusación
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popular a partidos políticos y a asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos.
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El segundo mecanismo es la obligación de inadmitir querellas basadas exclusivamente
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en recortes de prensa. Y lo que hacemos con esto es algo muy simple. Es incluir en la
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ley, de manera expresa, lo que ya es doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad
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de abrir un proceso penal con meros recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidad.
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Es decir, cogemos lo que ya ha dicho el Tribunal Supremo y lo llevamos a la ley. Nada más.
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El tercero es la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos.
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Queremos suprimir el artículo 525 del Código Penal, el conocido como el de las ofensas
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a los sentimientos religiosos. Y lo hacemos porque, verán, este es un delito que sí
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que aparece en el Código Penal pero que no registra apenas condenas y que, sin embargo,
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es utilizado permanentemente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a
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artistas, a activistas, a representantes electos, haciéndoles pasar por procesos penales que
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son muy costosos a nivel económico pero, sobre todo, a nivel personal, sin fundamento
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alguno. Y ahí está, por poner solo un ejemplo, el
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proceso iniciado contra el Gran Wyoming o Dani Mateo por sus comentarios sobre la cruz
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del Valle de los Cadíos y, como decía antes, el último del Alachus.
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Y también quiero dejar claro con esto que no despenalizamos el ataque o el acoso por
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motivos religiosos. Si se ataca o se acosa por su fe en la reputación de una persona,
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está el delito de injurias. Si se alienta la violencia o la discriminación contra los
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católicos, están los delitos de odio. Y si se trata de impedir con violencia la
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libertad religiosa o la libertad de culto, está el artículo 522 del Código Penal.
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Y el cuarto mecanismo sobre el que actuamos es la abstención y recusación de jueces
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por declaraciones de contenido político. Y es que todos estos mecanismos de acoso tienen
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un denominador común, que es la judicialización de la política. Y la judicialización de
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la política corre el riesgo de desembocar en una politización de la justicia. Porque
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hay sectores que animan a jueces y magistrados a significarse políticamente, para así poder
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iniciar procesos donde partan con ventaja. Y esto tiene una consecuencia fatal para la
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imagen de la imparcialidad del Poder Judicial, donde la inmensa mayoría de los profesionales
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en cuanto se ponen la toga, toman distancia de sus propias convicciones ideológicas y
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religiosas. Y para seguir asegurando esa imagen de neutralidad
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y el derecho a un juez imparcial y a la tutela judicial efectiva, lo que hacemos es reformar
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la ley orgánica del Poder Judicial para incluir una nueva causa de abstención o de recusación,
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que es que cuando un juez o magistrado haya realizado públicamente manifestaciones a
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favor o en contra de partidos políticos, de sindicatos, de asociaciones u otras entidades
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públicas o privadas, no podrá participar en un proceso en el que estas personas u organizaciones
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formen parte. Este es el contenido de nuestra proposición
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de ley que persigue objetivos que creemos que debieran de ser compartidos por todos,
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garantizar derechos y libertades, proteger a la ciudadanía de la persecución y el acoso
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de los sectores ultras y prestigiar más nuestro sistema judicial, así que lo que esperamos
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es contar con una mayoría suficiente, con una gran mayoría, diría yo, para sacarlo
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adelante. Primero, nos hemos de momento mensajeado con
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otros grupos, las fechas han sido raras para tener un contacto directo con ellos, ya que
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estamos en un mes inhabil en el Congreso, y pensamos que no, que ese poder judicial,
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que los propios jueces deberán ver con buenos ojos que lo que se haga es garantizar su prestigio,
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su neutralidad y su buen hacer, frente a injerencias de otro tipo.
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Primero, no tememos que los jueces hagan ese tipo de consideraciones o de cuestiones, nosotros
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siempre confiamos en el sistema judicial español, confiamos en los jueces de este país y lo
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que hacemos es poner una herramienta para que ellos mismos se puedan abstener de participar
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en ciertos procesos cuando han tenido una participación previa con declaraciones sobre
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estas cuestiones, y por lo que he visto yo, y he sufrido en mis propias carnes, acusaciones
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por ejemplo de manos limpias, nunca han sido capaces de demostrar ninguna vinculación
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directa con nada, solo han sido capaces de demostrar que lo que tenían era una intencionalidad
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política clara.
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No, pero es que fíjate, el gobierno no se manifiesta, el gobierno hace, y el gobierno
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ha hecho posible que en este país haya 125.000 venezolanos y venezolanas acogidas, frente
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que estos que se manifiestan, cuando gobernaban acogieron a 125, punto, no a 25 mil, a 125,
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y este gobierno al que tanto critican, a 125 mil, y este gobierno entre otros ha acogido
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a quien dice la oposición que es el ganador de las elecciones, por lo tanto menos manifestaciones
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y más hechos.
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