La ciudad de Nueva York quiere demandar a varias redes sociales, alegando que su contenido explota la salud mental de sus usuarios más jóvenes.
La ciudad alega que gasta 100 millones de dólares cada año en programas y servicios de salud para combatir los problemas causados por las redes.
En concreto, se ha demandado a TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube, y han sido señalados como los responsables de un repunte de la depresión y los intentos de suicidio.
"Nueva York es la primera gran ciudad estadounidense que toma medidas combinadas de esta magnitud y llama la atención sobre el peligro de las redes sociales de forma clara y directa, al igual que la máxima autoridad médica hizo con el tabaco y las armas", dijo el alcalde de Nueva York, Eric Adams.
Nueva York solicita una indemnización económica para financiar la educación preventiva y el tratamiento de la salud mental, y tiene previsto publicar un plan de acción para las redes sociales.
Este plan pretende responsabilizar a las empresas, proporcionar educación y apoyo, y estudiar el impacto a largo plazo que tienen en los jóvenes.
"Aunque siempre nos quedará trabajo por hacer, nos sentimos bien con el papel que desempeña Snapchat a la hora de ayudar a los amigos cercanos a sentirse conectados, felices y preparados mientras afrontan los numerosos retos de la adolescencia", declaró un portavoz de Snapchat a la CNN.
Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, dijo que contrataron a "personas que dedican sus carreras a mantener a la gente segura en línea."
"En lugar de jugar en el parque con sus amigos, están dentro de casa en un día soleado, haciendo clic y desplazándose. En lugar de aprender a confiar en sí mismos y a resistir, están expuestos a contenidos que a menudo conducen a la inseguridad y la depresión", concluyó el alcalde Adams.
El artículo 230 de la ley federal mantiene que las empresas tecnológicas no pueden ser consideradas responsables de los contenidos que sus usuarios publiquen en sus plataformas.
Pero, según la Ley de Servicios Digitales de la UE, las empresas pueden ser demandadas por hasta el 6% de sus ingresos totales si se descubre que han infringido la ley.