Las comercializadoras solicitan al Gobierno eliminar la tarifa regulada y el actual sistema del PVPC -el llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor- que entrará en vigor el próximo mes de enero y que afecta a unos 8 millones de contratos, alrededor del 34% de todos los consumidores domésticos. Otros 10 millones están ya en el mercado libre. En su opinión, debería destinarse solo para los colectivos más vulnerables. Ponen el foco además en que la posición de fuerza de las grandes empresas del oligopolio eléctrico está conduciendo a un deterioro de la libre competencia con la consiguiente pérdida de libertad de elección de los consumidores a largo plazo y su consecuente perjuicio en precios.