El Fiscal de Venezuela se refiere a estas acciones jurídicas como un acto de depuración social, referido a los actos contra los nuevos hallazgos de las 51 personas imputadas por soborno y corrupción, implicadas en una tramas de corrupción petrolera, con órdenes de aprehensión implícitas contra los funcionarios implicados y las transferencias de dinero en paraísos fiscales. teleSUR