Miles de millones de pe­sos han sido desembolsa­dos por el Estado domi­nicano en las últimas dos décadas gracias a contra­tos supuestamente “bene­ficiosos” para el pueblo. Sin embargo, los verdade­ros beneficios sólo los han disfrutado las empresas privadas.

Estos contratos firma­dos en modalidad de con­cesión, donde la adminis­tración pública les entrega a compañías el derecho a explotar, operar y/o ges­tionar bienes o servicios públicos durante un tiem­po determinado, han comprometido en nume­rosas ocasiones el futuro del país.

Entre los casos que se pueden destacar están los de Aerodom, Cogentrix, una planta de energía; Ba­rrick Gold y Punta Catali­na.

Otro caso polémico ha sido el “peaje sombra” de las autopistas que co­munican a Santo Domin­go con Samaná, por el que el Gobierno ha pagado RD$26,835 millones para suplir el déficit del tráfico de vehículos por los peajes, casi duplicando la inversión inicial del proyecto y toda­vía restan 17 años para que finalice.