A partir de ahora la juez Alaya va a llevar menos casos en su maleta. Y eso que lo de los maletines, como los que supuestamente UGT cargó a la Junta de Andalucía falsificando facturas como si fueran para planes de formación, le estaban dando mucho juego. La investigación de las irregularidades en el uso de fondos destinados a formación la llevó a ordenar el registro de la sede de UGT en Andalucía este diciembre. Forzado por el escándalo, su secretario general acabó dimitiendo. La Junta de Andalucía reclama ahora la devolución de las ayudas concedidas que pueden ascender a siete millones y medio de euros.