Es el perjuicio económico que, según el Tribunal de Cuentas se causó a las arcas municipales por la venta de viviendas a fondos buitre. En concreto fueron 1.860 inmuebles que salieron a la venta saltándose los procedimientos administrativos y sin tasación. El Ayuntamiento estudia volver a tramitar un nuevo proceso de nulidad para revertir la venta. Los inquilinos afectados consideran que no se soluciona su problema pero que se abre una puerta a la esperanza. Los condenados van a recurrir la sentencia.