Cámara al Hombro - Vivienda digna en Panamá
- hace 7 años
Vivienda digna en Panamá: El déficit habitacional es un problema que afecta a gran parte de los países en vías de desarrollo.
La adquisición de una vivienda digna parece ser un derecho al que pocos panameños tienen acceso, aunque la Constitución Nacional promueve la asistencia estatal hacia aquellas personas en real situación de vulnerabilidad, la realidad en el país centroamericano es otra; más allá de la contracción financiera experimentada en los últimos años, sus índices de crecimiento económico se mantienen a la cabeza en la región latinoamericana, habiendo sido significativos impulsores de este bienestar: el auge de la construcción y el boom inmobiliario experimentado en años recientes; pero hoy, irónicamente, el déficit habitacional en Panamá podría ir más allá de las 300.000 familias.
A pesar de los planes habitacionales desarrollados por los últimos gobiernos, ideados para brindar una solución a la problemática de la vivienda, la realidad de muchas de estas personas no se ajusta a los requisitos crediticios actuales, ya que la inestabilidad e informalidad laboral los excluye de esta posibilidad, además de que en muchos casos sencillamente su ingreso no alcanza. No podemos obviar que el 17,2 % de la población ocupada tiene salarios inferiores a los 400 dólares y el 44 % se ubica por debajo de los 600 dólares.
Es esta necesidad de un lugar donde vivir, la que empuja a miles de familias panameñas a establecer comunidades espontáneas en terrenos que se encuentran en desuso o abandono, superponiéndose a las carencias de servicios básicos como la distribución de agua, electricidad, salud o transporte. Ellos, hoy en día, reclaman la expropiación de las tierras en que habitan, situación que ha generado una diversidad de juicios y críticas, fomentadas principalmente por los medios de comunicación locales.
Sin embargo, la respuesta de las autoridades en las últimas semanas ha sido la represión de aquellos líderes comunitarios que encabezan acciones de protesta, además del uso extremo de la fuerza policial y militarización de comunidades que fueron desalojadas, irrespetando acuerdos firmados entre miembros del actual gobierno y los movimientos comunales.
La adquisición de una vivienda digna parece ser un derecho al que pocos panameños tienen acceso, aunque la Constitución Nacional promueve la asistencia estatal hacia aquellas personas en real situación de vulnerabilidad, la realidad en el país centroamericano es otra; más allá de la contracción financiera experimentada en los últimos años, sus índices de crecimiento económico se mantienen a la cabeza en la región latinoamericana, habiendo sido significativos impulsores de este bienestar: el auge de la construcción y el boom inmobiliario experimentado en años recientes; pero hoy, irónicamente, el déficit habitacional en Panamá podría ir más allá de las 300.000 familias.
A pesar de los planes habitacionales desarrollados por los últimos gobiernos, ideados para brindar una solución a la problemática de la vivienda, la realidad de muchas de estas personas no se ajusta a los requisitos crediticios actuales, ya que la inestabilidad e informalidad laboral los excluye de esta posibilidad, además de que en muchos casos sencillamente su ingreso no alcanza. No podemos obviar que el 17,2 % de la población ocupada tiene salarios inferiores a los 400 dólares y el 44 % se ubica por debajo de los 600 dólares.
Es esta necesidad de un lugar donde vivir, la que empuja a miles de familias panameñas a establecer comunidades espontáneas en terrenos que se encuentran en desuso o abandono, superponiéndose a las carencias de servicios básicos como la distribución de agua, electricidad, salud o transporte. Ellos, hoy en día, reclaman la expropiación de las tierras en que habitan, situación que ha generado una diversidad de juicios y críticas, fomentadas principalmente por los medios de comunicación locales.
Sin embargo, la respuesta de las autoridades en las últimas semanas ha sido la represión de aquellos líderes comunitarios que encabezan acciones de protesta, además del uso extremo de la fuerza policial y militarización de comunidades que fueron desalojadas, irrespetando acuerdos firmados entre miembros del actual gobierno y los movimientos comunales.