Las protestas en Cataluña contra las empresas que cortan los suministros a las familias más vulnerables, continúan. Son familias que se vieron obligadas a ocupar una vivienda porque se quedaron sin casa, los servicios sociales tienen constancia de la realidad que enfrentan y cuentan con un informe que acredita su situación de vulnerabilidad y todos sus papeles están en regla. Sin embargo las empresas les solicitan documentos que no poseen como el contrato de alquiler. La Alianza contra la Pobreza Energética ha vuelto a las calles para exigir al sector privado que se implique en la lucha contra este flagelo. teleSUR