Cámara al Hombro – El desorden de la justicia en Colombia
- hace 8 años
La justicia en Colombia ha tenido muchos momentos oscuros y difíciles en el pasado, y sigue teniendo grandes lunares.
La inseguridad jurídica es una de ellas, y lo ocurrido hace poco con Carlos Arturo Velandia, es un ejemplo. El excomandante de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y gestor de paz en varios gobiernos, fue judicializado y pagó diez años de cárcel, por su participación en la guerra, saldando sus deudas con la justicia.
Sin embargo, hace pocos meses, Carlos fue detenido al regresar de España. Un estridente show mediático lo esperaba en el aeropuerto de la capital colombiana (Bogotá). Un juzgado de Cali le dictó orden de captura por hechos acaecidos cuando estaba preso, en lo que algunos han calificado como un falso positivo judicial, para afectar los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN.
En el esquema de las funciones estatales, para muchos la judicial es simultáneamente la más honrosa, la más comprometedora y también la más difícil. Más aún, si su ejercicio corresponde a un país en medio de un largo conflicto armado, epicentro mundial del narcotráfico, y con uno de los indicadores de corrupción más elevados.
Con más de veinte años de trabajo, de monitoreo, a través de la Corporación Excelencia en la Justicia, ¿Cuál es el panorama general de la justicia en Colombia?
Los cuestionamientos apuntan a la inexistencia de un sistema jurídico que otorgue a las personas las garantías procesales, así como a la persistencia de procesos sesgados por prejuicios de todo tipo (políticos, ideológicos, religiosos, cultural), ansias de poder, persecuciones, o, incluso, rivalidades.
Muchas voces, de reconocidos dirigentes políticos y sociales, pidieron la liberación de Velandia y se pronunciaron contra la injusticia. Recientemente, el propio gobierno lo nombró ‘gestor de paz’, y Velandia fue liberado, aunque deberá seguir afrontando el proceso penal.
En este estado de cosas, no sólo se generan dudas e injusticias, sino también impunidad. Frente a la delicada situación, se plantea la necesidad urgente de una reingeniería de la justicia y unas transformaciones profundas.
Juan Alberto Sánchez Marín, Bogotá.
La inseguridad jurídica es una de ellas, y lo ocurrido hace poco con Carlos Arturo Velandia, es un ejemplo. El excomandante de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y gestor de paz en varios gobiernos, fue judicializado y pagó diez años de cárcel, por su participación en la guerra, saldando sus deudas con la justicia.
Sin embargo, hace pocos meses, Carlos fue detenido al regresar de España. Un estridente show mediático lo esperaba en el aeropuerto de la capital colombiana (Bogotá). Un juzgado de Cali le dictó orden de captura por hechos acaecidos cuando estaba preso, en lo que algunos han calificado como un falso positivo judicial, para afectar los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN.
En el esquema de las funciones estatales, para muchos la judicial es simultáneamente la más honrosa, la más comprometedora y también la más difícil. Más aún, si su ejercicio corresponde a un país en medio de un largo conflicto armado, epicentro mundial del narcotráfico, y con uno de los indicadores de corrupción más elevados.
Con más de veinte años de trabajo, de monitoreo, a través de la Corporación Excelencia en la Justicia, ¿Cuál es el panorama general de la justicia en Colombia?
Los cuestionamientos apuntan a la inexistencia de un sistema jurídico que otorgue a las personas las garantías procesales, así como a la persistencia de procesos sesgados por prejuicios de todo tipo (políticos, ideológicos, religiosos, cultural), ansias de poder, persecuciones, o, incluso, rivalidades.
Muchas voces, de reconocidos dirigentes políticos y sociales, pidieron la liberación de Velandia y se pronunciaron contra la injusticia. Recientemente, el propio gobierno lo nombró ‘gestor de paz’, y Velandia fue liberado, aunque deberá seguir afrontando el proceso penal.
En este estado de cosas, no sólo se generan dudas e injusticias, sino también impunidad. Frente a la delicada situación, se plantea la necesidad urgente de una reingeniería de la justicia y unas transformaciones profundas.
Juan Alberto Sánchez Marín, Bogotá.