Ofrecían en España trabajo como empleadas del hogar a nicaragüenses que luego explotaban
- hace 8 años
Madrid, 7 ago (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a 8 miembros de una red que captaba mujeres nicaragüenses con necesidad económica para trabajar de empleadas del hogar en España, donde, al haber contraído una deuda con la organización, eran explotadas laboralmente y algunas se veían obligadas a tener relaciones con el cabecilla para rebajarla.
Para el viaje, la organización les proporcionaba la documentación y billetes necesarios, de modo que contraían una deuda de unos 4.500 euros y que avalaban con la vivienda que ocupaban con su familia en Nicaragua. Deuda que se incrementaba progresivamente (a un interés que a partir del octavo mes llegaba al 10% mensual) haciéndose, en ocasiones, imposible de pagar.
Para hacerle frente, las víctimas debían pagar en torno a los 600 euros al mes en metálico, cantidad que normalmente no conseguían reunir con su trabajo en el servicio doméstico, por lo que algunas de ellas se veían obligadas a mantener relaciones sexuales con el cabecilla de la organización a cambio de rebajar dicha deuda.
Los encuentros eran además presuntamente grabados con cámara oculta y sin el consentimiento de las víctimas, que después eran amenazadas con su publicación si no pagaban lo que debían.
La investigación se inició con una llamada al teléfono contra la trata de seres humanos en la que se denunciaba la existencia de una persona que se estaría dedicando a traer chicas procedentes de Nicaragua para trabajar en el servicio doméstico a cambio de dinero.
Agentes especializados en la lucha contra la trata de seres humanos se hicieron cargo de las pesquisas y descubrieron la existencia de una organización que operaba al menos desde 2009, liderada por la familia del principal cabecilla.
Averiguaron también que, una vez en España, las víctimas eran recogidas por miembros de la red que las trasladaban a Murcia, donde eran recibidas por el cabecilla que se encargaba de alojarlas en pisos que tenía alquilados.
Por el alojamiento tenían que pagar unos 70 euros semanales, aunque fueran varias las personas con las que tuvieran que compartir habitación, viviendo, por lo tanto, en unas deplorables condiciones higiénicas y de hacinamiento. De esta manera además, la deuda inicial se iba incrementando continuamente.
El máximo responsable controlaba a las víctimas de forma obsesiva, aconsejándolas que no se fiasen de nadie salvo de él, obteniendo copias de todos sus documentos de las víctimas e incluso sus pasaportes originales o abriendo su correo, todo ello para asegurarse de que pagarían su deuda.
El líder de la red las amenazaba con quitarles sus propiedades si le denunciaban, lo que las víctimas no hacían por miedo a sus amenazas o a ser expulsadas de España, ya que muchas se encontraban en situación irregular.
Tras reunir las pruebas, los agentes detuvieron al cabecilla de la organización, que ingresó en prisión provisional por orden judicial.
Las investigaciones permitieron también averiguar
Para el viaje, la organización les proporcionaba la documentación y billetes necesarios, de modo que contraían una deuda de unos 4.500 euros y que avalaban con la vivienda que ocupaban con su familia en Nicaragua. Deuda que se incrementaba progresivamente (a un interés que a partir del octavo mes llegaba al 10% mensual) haciéndose, en ocasiones, imposible de pagar.
Para hacerle frente, las víctimas debían pagar en torno a los 600 euros al mes en metálico, cantidad que normalmente no conseguían reunir con su trabajo en el servicio doméstico, por lo que algunas de ellas se veían obligadas a mantener relaciones sexuales con el cabecilla de la organización a cambio de rebajar dicha deuda.
Los encuentros eran además presuntamente grabados con cámara oculta y sin el consentimiento de las víctimas, que después eran amenazadas con su publicación si no pagaban lo que debían.
La investigación se inició con una llamada al teléfono contra la trata de seres humanos en la que se denunciaba la existencia de una persona que se estaría dedicando a traer chicas procedentes de Nicaragua para trabajar en el servicio doméstico a cambio de dinero.
Agentes especializados en la lucha contra la trata de seres humanos se hicieron cargo de las pesquisas y descubrieron la existencia de una organización que operaba al menos desde 2009, liderada por la familia del principal cabecilla.
Averiguaron también que, una vez en España, las víctimas eran recogidas por miembros de la red que las trasladaban a Murcia, donde eran recibidas por el cabecilla que se encargaba de alojarlas en pisos que tenía alquilados.
Por el alojamiento tenían que pagar unos 70 euros semanales, aunque fueran varias las personas con las que tuvieran que compartir habitación, viviendo, por lo tanto, en unas deplorables condiciones higiénicas y de hacinamiento. De esta manera además, la deuda inicial se iba incrementando continuamente.
El máximo responsable controlaba a las víctimas de forma obsesiva, aconsejándolas que no se fiasen de nadie salvo de él, obteniendo copias de todos sus documentos de las víctimas e incluso sus pasaportes originales o abriendo su correo, todo ello para asegurarse de que pagarían su deuda.
El líder de la red las amenazaba con quitarles sus propiedades si le denunciaban, lo que las víctimas no hacían por miedo a sus amenazas o a ser expulsadas de España, ya que muchas se encontraban en situación irregular.
Tras reunir las pruebas, los agentes detuvieron al cabecilla de la organización, que ingresó en prisión provisional por orden judicial.
Las investigaciones permitieron también averiguar