Enfoque - Honduras: un mes de impunidad para el asesinato de Berta Cáceres
- hace 8 años
Un mes después del asesinato de la activista y ambientalista Berta Cáceres en Honduras, sus familiares y diversas organizaciones civiles responsabilizan de lo ocurrido al Gobierno de Juan Orlando Hernández.
Lo han hecho a través de una carta dirigida al propio presidente y al fiscal General de Honduras, Óscar Chinchilla. En la misma insisten en que las autoridades del Gobierno “no cumplieron su deber de proteger a Berta, a pesar de las reiteradas denuncias de amenazas de muerte” que recibía desde el 2009.
Ahora exigen que el crimen no quede impune. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado escuchar en Washington, capital de EE.UU., al sociólogo mexicano Gustavo Castro Soto, único testigo del asesinato de la dirigente hondureña, y retenido “ilegalmente” en Tegucigalpa, capital de Honduras.
Este viernes, Honduras ha levantado la prohibición que había puesto sobre el regreso a su país a Castro. El partido político español Podemos ha condenado este asesinato. Lo ha hecho a través del eurodiputado Miguel Urbán y del diputado en el Congreso por Zaragoza, Pedro Arrojo, quienes han viajado en una misión internacional a Honduras.
Urbán ha insistido en que “sin una comisión internacional independiente interferirán intereses políticos y económicos en el caso de Berta Cáceres”.
José Luis Urosa, abogado, se plantea que “lo que está en cuestión es si existe la nación hondureña. Si existe y el Estado la representa, la soberanía es del pueblo hondureño.”
Luis Esteban González Manrique, analista internacional y periodista de Infolatam, generaliza diciendo que “forma parte de una crisis mucho más amplia. Desde el año 2002, la cuarta parte de los activistas asesinados lo han sido en América Latina.”
Wilmer Fernández, abogado hondureño que trabajó directamente con Berta Cáceres, afirma que “a la vista del comportamiento del Estado pido que se forme una comisión internacional y que se detenga el proyecto Agua Zarca. Berta Cáceres no murió, se multiplicó”.
Jimmy Bermúdez, activista hondureño de movimientos sociales, afirma: “Berta Cáceres representaba la defensa y la resistencia indígena contra la colonización era insobornable. El Estado de Honduras es cómplice del asesinato.”
Lo han hecho a través de una carta dirigida al propio presidente y al fiscal General de Honduras, Óscar Chinchilla. En la misma insisten en que las autoridades del Gobierno “no cumplieron su deber de proteger a Berta, a pesar de las reiteradas denuncias de amenazas de muerte” que recibía desde el 2009.
Ahora exigen que el crimen no quede impune. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado escuchar en Washington, capital de EE.UU., al sociólogo mexicano Gustavo Castro Soto, único testigo del asesinato de la dirigente hondureña, y retenido “ilegalmente” en Tegucigalpa, capital de Honduras.
Este viernes, Honduras ha levantado la prohibición que había puesto sobre el regreso a su país a Castro. El partido político español Podemos ha condenado este asesinato. Lo ha hecho a través del eurodiputado Miguel Urbán y del diputado en el Congreso por Zaragoza, Pedro Arrojo, quienes han viajado en una misión internacional a Honduras.
Urbán ha insistido en que “sin una comisión internacional independiente interferirán intereses políticos y económicos en el caso de Berta Cáceres”.
José Luis Urosa, abogado, se plantea que “lo que está en cuestión es si existe la nación hondureña. Si existe y el Estado la representa, la soberanía es del pueblo hondureño.”
Luis Esteban González Manrique, analista internacional y periodista de Infolatam, generaliza diciendo que “forma parte de una crisis mucho más amplia. Desde el año 2002, la cuarta parte de los activistas asesinados lo han sido en América Latina.”
Wilmer Fernández, abogado hondureño que trabajó directamente con Berta Cáceres, afirma que “a la vista del comportamiento del Estado pido que se forme una comisión internacional y que se detenga el proyecto Agua Zarca. Berta Cáceres no murió, se multiplicó”.
Jimmy Bermúdez, activista hondureño de movimientos sociales, afirma: “Berta Cáceres representaba la defensa y la resistencia indígena contra la colonización era insobornable. El Estado de Honduras es cómplice del asesinato.”